Yo le digo ¡No! a la Reforma de la Ley de Registros y Notarías. ¿Y usted?

A casi dos meses de la aprobación de la Reforma de la Ley de Registros y Notarías en Venezuela, y luego de leer los múltiples comentarios de cientos de personalidades del mundo jurídico y de los gremios de Contadores Públicos y Abogados, solo sabemos que algunos individuos interpusieron un acción de nulidad por inconstitucionalidad de dicha reforma. Sin embargo, no hay pronunciamiento del máximo tribunal de la república, ni voceros del gobierno que se pronuncien al respecto. De hecho hay un profundo silencio desde hace varios días incluso desde las fauces de nuestros gremios.

Es necesario que el máximo tribunal se pronuncie al respecto, ya que desde mi claro punto de vista como jurista estamos ante una aberración constitucional, más aún en el hecho de que nuestra Constitución establece que sólo por medio de la ley se pueden determinar los montos de tasas e impuestos. y en dicha reforma se otorga esta facultad a una persona para que, con base en su criterio, impongan las tasas arancelarias para cada acto a realizar en los registros y notarias del país. De hecho, una vez publicada en el diario oficial la aprobación de dicha reforma, el Director Nacional del Servicio de Registro y Notariado emitió la Resolución Administrativa que impone las nuevas tarifas fijadas en la pseudo-criptomoneda del gobierno denominada “Petro” y cuyo valor es el equivalente aproximado al precio del barril de petróleo venezolano.

Ahora bien, como sabemos, la única moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar, moneda que en los últimos 12 años ha sufrido tres procesos de reconversión debido a la hiperinflación inducida por malas políticas tanto del gobierno como de un sector de la oposición. . Lo que sí es cierto es que es inconstitucional el uso de una moneda distinta al Bolívar en materia de contribuciones tributarias de cualquier tipo. La única forma de imponer esta ley es reformar la Constitución y sustituir al Bolívar como moneda de curso legal. , como se hizo en El Salvador cuando se legalizó bitcoin.

Además, también hay que sondear los problemas que ya presenta el país por su situación económica y que con la aplicación de esta reforma de ley más otras como la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones y su reciente reforma vienen a golpear el bolsillo no solo de las empresas. , sino de ciudadanos comunes que ven cómo ahora les resulta difícil legalizar o dar fe pública a cualquier acto o documento necesario para el buen desarrollo de su patrimonio e incluso de su trabajo.

Esta reforma se suma a otra serie de medidas gubernamentales que imposibilitan el desarrollo de la actividad comercial en Venezuela. A su vez, ahuyentan la inversión nacional y extranjera y fomentan el crecimiento de la economía informal en el país.

Una economía abierta, que busca la inversión nacional y extranjera, debe facilitar todos los trámites y registros para definir un régimen que proteja la inversión.

Por eso es urgente no quedarse de brazos cruzados y seguir impulsando acciones ante la Corte Suprema de Justicia, que si bien es cierto está en manos de jueces complacientes con el poder ejecutivo y son la evidencia de una república decadente. sin autonomía de poderes, no es menos cierto que cada día están en la lupa de la opinión pública nacional e internacional.

@JimmyJQB