Reserva legal: normativa sobre vegetación nativa en zonas rurales

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3 years ago

Las reservas legales, áreas de conservación obligatoria en el medio rural, reconocidas por ley desde la década de 1960, han sido objeto de propuestas legislativas que las flexibilizan y, al límite, buscan eliminarlas, a pesar de los avances que representan para el mantenimiento del medio ambiente. .

El senador Marcio Bittar (MDB-AC), en marzo de 2019, presentó un proyecto de ley que elimina la mención de reservas legales mínimas en propiedades rurales, algo que, de aprobarse, debería terminar con su carácter obligatorio en fincas y otras propiedades del tipo. en el país. La justificación de la eliminación, según el senador, es que la exigencia para su gestión es un “obstáculo” para la agricultura y el crecimiento del país, además de denotar injerencia estatal en la propiedad.

68,3% - de la vegetación nativa en Brasil, en 2012, estaba en áreas privadas destinadas a la producción agrícola; hay 367 millones de hectáreas. La tramitación del proyecto Bittar se encuentra en su fase inicial: fue remitido el miércoles (4 de marzo de 2019) a un relator de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado. La propuesta está en línea con las ideas difundidas en el Ejecutivo por Jair Bolsonaro (PSL) y por el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quienes defienden el fin del supuesto “exceso” de protección ambiental en el país y apoyo a la agricultura y ganadería.

Que es una reserva legal

La reserva legal es un área con vegetación nativa (típica, natural donde se ubica el terreno) que todas las propiedades rurales deben mantener para preservar la fauna y flora local, de acuerdo con el Código Forestal. El área se puede explorar con fines económicos, siempre que sea sostenible. La definición de reservas legales tal y como son hoy existe desde 1965, cuando entró en vigor una ley que había actualizado el antiguo Código Forestal, de 1934. Desde entonces, el mantenimiento de estas áreas se ha mantenido en actualizaciones posteriores, hasta la última versión del código, 2012. Las reservas legales son consideradas un marco legal importante por su rol en el combate a la de forestación en áreas privadas, en opinión de los ambientalistas. En la ley actual, los propietarios de tierras que lo hagan en sus tierras están sujetos a una multa, incautan (del producto de la infracción,

Que dice la legislación

Las reglas sobre reservas legales en Brasil están definidas en el capítulo cuarto del nuevo Código Forestal (ley federal n. 12.651, de 2012), que establece la definición de estas áreas a partir de su ubicación (Amazonia Legal o no) y bioma (bosque, cerrado). , campos). La Amazonía Legal es una región de nueve estados - Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y parte de Maranhão - donde hay un área de la cuenca y vegetación amazónica. Recibe un tratamiento diferente en la ley por su riqueza ambiental.

El 80% de la vegetación nativa debe ser preservada en propiedades rurales de la Amazonía Legal, ubicadas en áreas boscosas.

35% - de la vegetación nativa debe ser preservada en propiedades rurales en la Amazonía Legal, ubicadas en el área del cerrado.

20% - de la vegetación nativa debe ser preservada en propiedades rurales, en la Amazonia Legal, ubicadas en un área de campos generales.

20% - de la vegetación nativa debe ser preservada en cualquier otra propiedad rural, en todos los biomas, en otras regiones del país.

Las áreas se definen dentro de los predios en función de factores como la cuenca hidrográfica de la localidad, la posibilidad de formar corredores ecológicos con otras áreas protegidas, la fragilidad del medio ambiente y la importancia de cada parte del terreno para la diversidad.

Algunas de las reglas anteriores pueden variar en casos específicos: no se aplican a propiedades adquiridas para la construcción de carreteras y pueden ser más flexibles en los casos en que el propietario incluye su propiedad en el Registro Ambiental Rural, un sistema federal para monitoria, controlar y combatir la de forestación en el país. padres.

La explotación económica en las reservas está permitida si existe un manejo sustentable (es decir, racional, con mínimo impacto ambiental), cuya actividad debe ser declarada previamente al Damasina (Sistema Nacional de Ambiente) del Ministerio del Ambiente.

En los casos de explotación con fines comerciales (y no para consumo), no es suficiente declarar a Damasina, el sistema debe autorizar las actividades. Es necesario garantizar, de acuerdo con la ley, que la exploración no desnaturaliza la vegetación de la reserva, no daña la diversidad y va acompañada de medidas para la regeneración de especies nativas.

Además de las reservas legales, el Código Forestal creó APP (áreas de protección permanente), áreas que deben permanecer “vírgenes”, sin explotación de ningún tipo. Suelen ser regiones sensibles en un terreno, como manantiales y riberas de ríos, alrededores de lagos, cimas de colinas, manglares, mesetas y bordes de mesetas, entre otros.

¿Cuál es el debate en torno a la propuesta?

Propiedad - Para el senador Marcio Bittar, cuya propuesta elimina por completo el capítulo cuarto del Código Forestal, las reglas de reserva legal son “excesivamente drásticas” y entran en conflicto con el derecho de propiedad (derecho fundamental, inscrito en el artículo 5 de la Constitución) , al atribuir al Estado una decisión sobre la gestión de la tierra comprada por su propietario. También dice que las reglas perjudican los objetivos de crecimiento económico y generación de oportunidades. El senador no propone la extinción de áreas de protección permanente.

El medio ambiente - Eliminando la obligación de las reservas, el Código Forestal debe ser más permisivo con la de forestación en áreas rurales privadas - ya que, en la práctica, daña los ecosistemas (con menos árboles, menos diversidad, menos lluvia, más erosión del suelo) y contradice el derecho colectivo de los brasileños a un medio ambiente eco lógicamente equilibrado (artículo 225 de la Constitución Federal). El Código Forestal también define que los bosques y otras formas de vegetación nativa (artículo 2) "son bienes de interés común para todos los habitantes del país".

La flexibilidad del nuevo Código Forestal

Aprobado en 2012, el nuevo Código Forestal, que reemplazó una versión de 1965, aún recibe críticas de los ambienta listas por haber, según ellos, flexibilizado las reglas anteriormente más estrictas sobre la protección de las plantas nativas. Las principales críticas son sobre aspectos como la amnistía de multas para quienes hayan deforestado áreas protegidas ante la nueva normativa, la disminución en la re composición de vegetación deforestada y la reducción de áreas de reservas legales y APPs en casos no previstos previamente.

40 mil km² - fue la pérdida de bosque nativo que provocó la de forestación en la selva amazónica en 2018, según Imazon (Instituto del Hombre y el Ambiente de la Amazonía); El área equivale a 13 ciudades de Belo Horizonte.

83% - de la tala se ha convertido en pastos y áreas agrícolas; La destrucción ha afectado a áreas, asentamientos y unidades de conservación más privados o no poblados, según el instituto.

Un ejemplo fue la inclusión de un apartado (artículo 15, inciso 5), a solicitud de Amapá, durante la redacción del nuevo código, que permite a los estados amazónicos reducir las reservas legales del 80% al 50% de sus propiedades rurales si se supera el El 65% de los territorios estatales están protegidos por unidades de conservación o tierras indígenas.

Años después, en 2018, un estudio publicado en la revista Nature Sustainability, realizado por investigadores de la Universidad de São Paulo y dos universidades suecas, afirmó que hasta 15 millones de hectáreas de bosque tropical en la Amazonía corren el riesgo de perder protección si un artículo como este implementado en estos y los próximos años.

La de forestación es uno de los principales desafíos de Brasil desde el punto de vista ambiental; por eso, el país se encuentra entre los mayores emisores (séptimo) de gases de efecto invernadero del mundo. Para cumplir sus objetivos en el Acuerdo de París, el tratado internacional sobre el clima de 2015, el estado prometió reforestar 12 millones de hectáreas para 2030.

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